Tras conocer la
intención del Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que apuesta por
reformar la Ley de SSR e IVE de acuerdo “al
derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional”.
ACAI MANIFIESTA SU
PREOCUPACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE REGRESAR A UNA LEY DE SUPUESTOS AUN MÁS
RESTRICTIVA QUE LA DEL 85.
Los/as
profesionales de las clínicas acreditadas piden al Titular de Justicia que
abandone las ambigüedades y las sugerencias y clarifique cómo y sobre que
aspectos van a basar su reforma de la Ley de SSR e IVE.
ACAI
manifiesta que modificar las condiciones
legales de la IVE para un 13% de mujeres de 16 y 17 años que no pueden validar
su decisión con la autorización de su tutor legal; es abocarlas a interrumpir
su gestación en condiciones de inseguridad e ilegalidad.
Madrid, 25 de enero de 2012. Para la
Asociación de Centros Acreditados (ACAI) volver a la ley de supuestos de 1985 o
a una ley aún más restrictiva, es volver a tutelar el derecho de la mujer a
decidir sobre su gestación. Lo que supone un claro retroceso en relación a los
derechos básicos de las mujeres, distanciándonos con ello del resto de las
legislaciones europeas que sí reconocen la libre voluntad de la mujer para
decidir.
Tal y como viene
denunciando la OMS en sus últimas investigaciones, cualquier retroceso de la
legislación en materia de aborto expone a las mujeres a un mayor número de
abortos inseguros y clandestinos, arriesgando con ello su salud y su propia
vida, ya que la mujer que desea abortar lo va a hacer en cualquier
circunstancia, con cobertura legal o sin ella.
En este sentido,
ACAI pide al Titular de Justicia que definan los supuestos sobre los que van a
basar su reforma, que el Ejecutivo abandone la ambigüedad con la que hasta
ahora están dirigiéndose a la ciudadanía
y a los sectores afectados, porque la seguridad y los derechos de más de
100.000 mujeres en nuestro país no pueden ser objeto de especulación.
En relación a las
mujeres de 16 y 17 años, ACAI vuelve a manifestar que casi el 90% (87%) de las
menores que acuden a sus centros lo hacen no solo con el conocimiento de sus
padres, sino con su apoyo y acompañamiento. Sin embargo, existe un 13% de esas
menores que no pueden obtener la autorización de sus tutores legales; ya que
son menores que provienen de familias desestructuradas, en riesgo social, que
sufren maltrato en el seno familiar o abusos, siendo en algunos casos el propio
embarazo consecuencia de ese abuso. O bien menores inmigrantes que están solas
en el país y que no pueden contactar con sus familias.
Eliminar la salida legal
que actualmente ofrece la ley a esas mujeres es abocarlas a un posible aborto
ilegal, donde evidentemente su salud se verá perjudicada.
ACAI quiere
advertir de que este colectivo de menores representa tan solo un 0’41% del
total de abortos, pero que sin duda alguna representa a un colectivo altamente
vulnerable, que precisamente por su vulnerabilidad no pueden defenderse a si
mismas. Es por tanto tarea de las personas que trabajamos con su realidad, pero
sobre todo de los/as legisladores/as no obviar legalmente sus circunstancias.
Nota: Para ampliar
esta declaraciones pueden contactar con Santiago Barambio, Presidente de ACAI,
670246982; o con Francisca García, Vicepresidenta de ACAI, 618263414.
